Responsabilidad penal de las personas jurídicas: del societas delinquere non potest a los modelos de organización y cumplimiento

En el Derecho penal contemporáneo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha dejado de ser una discusión meramente dogmática para convertirse en una cuestión central de política criminal en el ámbito empresarial. Durante décadas, los ordenamientos de tradición civil law se construyeron sobre el brocardo societas delinquere non potest, bajo la idea de que solo las personas físicas poseen capacidad de acción, voluntad y culpabilidad penal.

Sin embargo, la creciente complejidad de las organizaciones empresariales, la expansión del poder corporativo y las dificultades estructurales para atribuir responsabilidad individual en entornos altamente organizados han evidenciado las limitaciones del Derecho penal tradicional. En este contexto, la introducción de mecanismos de responsabilidad penal corporativa responde a la necesidad de ofrecer una respuesta eficaz frente a delitos que, aun siendo ejecutados por individuos, benefician o se ven facilitados por la propia estructura empresarial.

Para abogados, asesores jurídicos de empresas y responsables de cumplimiento normativo, comprender esta evolución resulta hoy imprescindible para garantizar la legalidad, sostenibilidad y gobernanza de las organizaciones.

El cuestionamiento del societas delinquere non potest: razones para sancionar penalmente a las empresas

Históricamente, se sostenía que las personas jurídicas no podían delinquir porque carecen de psique y no pueden ser destinatarias de penas privativas de libertad. No obstante, diversos argumentos de carácter criminológico y político-criminal han impulsado la superación de este paradigma:

• Ineficacia del castigo individual: cuando el delito beneficia estructuralmente a la empresa, sancionar solo a empleados o directivos resulta insuficiente y reduce el efecto preventivo de la norma.
  
• Irresponsabilidad organizada: en organizaciones complejas y atomizadas, la división de funciones dificulta —o incluso impide— la identificación del autor individual del ilícito.
  
• Prevención general: la amenaza de responsabilidad penal incentiva a las empresas a tomarse en serio la adopción de mecanismos de control y a no considerar las sanciones como un simple coste de negocio.
  
• Protección de bienes jurídicos supraindividuales: en un contexto de globalización y capitalismo difuso, la actividad corporativa incide directamente sobre bienes jurídicos esenciales como el medioambiente, el mercado, la competencia o la integridad del sistema económico.

Estos factores explican por qué el Derecho penal ha comenzado a desempeñar un papel relevante en el fomento de la autorregulación empresarial.

Modelos de responsabilidad penal de las personas jurídica

La doctrina y las legislaciones han desarrollado distintos modelos para atribuir responsabilidad penal a las empresas, cada uno con fundamentos y consecuencias prácticas diferenciadas.

El modelo de responsabilidad vicarial o de transferencia

De raíz anglosajona, este modelo sostiene que la empresa responde por los delitos cometidos por sus directivos o empleados en el ejercicio de sus funciones y en beneficio de la entidad. Se apoya en el principio de respondeat superior, mediante el cual la culpabilidad de la persona física se traslada a la persona jurídica.

Este enfoque presenta importantes ventajas desde el punto de vista preventivo, pero también ha sido objeto de críticas por su tensión con el principio de culpabilidad, especialmente en sus versiones más estrictas, al fundamentar la responsabilidad de la empresa en el hecho ajeno.

El modelo de culpabilidad por defecto de organización

A diferencia del modelo vicarial, este enfoque concibe a la empresa como un centro autónomo de imputación penal. El reproche no se basa en la mera conducta del individuo, sino en la existencia de defectos estructurales de organización o en la ausencia de una cultura empresarial de cumplimiento que haya facilitado la comisión del delito.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad penal de la persona jurídica se fundamenta en la generación o no evitación de riesgos empresariales penalmente relevantes, vinculados a la falta de adecuados mecanismos de autorregulación.

Compliance y modelos de organización: el rol preventivo de la autorregulación

En este marco, los programas de cumplimiento normativo o compliance programs emergen no sólo como instrumentos de ética empresarial, sino como mecanismos jurídicamente relevantes cuya eficacia puede incidir tanto en la imputación como en la determinación de la pena.

El establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene como finalidad principal incentivar a las empresas a incrementar su nivel de autorregulación. Un modelo de organización eficaz debe orientarse a:

• Prevenir la comisión de delitos.
  
• Detectar conductas ilícitas ya cometidas.
  
• Colaborar con las autoridades competentes.
  
• Reparar el daño causado a la colectividad.
  

Estos modelos se articulan sobre sistemas de control interno que buscan generar una auténtica cultura de legalidad, basada en la identificación de riesgos, la correcta circulación de la información, el control de actividades y la evaluación constante de su eficacia.

Entre sus elementos habituales se encuentran las investigaciones internas, los mecanismos que incentiven las denuncias internas (whistleblowing) y protección de los denunciantes (whistleblowers) y las medidas dirigidas a evitar un cumplimiento meramente formal o de “fachada”.

En muchos ordenamientos, la adopción efectiva de estos modelos puede producir efectos jurídicos relevantes, que van desde la exclusión de responsabilidad hasta la atenuación de la sanción, según el sistema aplicable.

Las sanciones penales a las empresas: una respuesta graduada

La respuesta sancionatoria frente al delito corporativo no es uniforme, sino que adopta distintas formas en función de la gravedad del hecho y de la inadecuación de los mecanismos de autorregulación. Entre las sanciones que pueden imponerse a las personas jurídicas se encuentran:

• Amonestaciones y reproches formales.
  
• Sanciones administrativas y pecuniarias.
  
• Intervenciones orientadas a la mejora del sistema de control interno.
  
• Multas penales, trabajos en beneficio de la comunidad o publicación de la sentencia.
  
• Medidas de extrema gravedad, como la intervención judicial o la disolución de la entidad.
  

La disolución representa la sanción más severa, al implicar la pérdida de la libertad de empresa y afectar directamente al patrimonio de socios y terceros, razón por la cual su aplicación se reserva para supuestos excepcionales.

Formación especializada en responsabilidad penal corporativa y compliance

La expansión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el creciente protagonismo de los modelos de organización han transformado profundamente el rol del asesor jurídico de empresas. Hoy se requieren profesionales capaces de interpretar estructuras normativas complejas, evaluar riesgos penales y diseñar estrategias de cumplimiento eficaces.

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En suma, la transición desde el societas delinquere non potest hacia modelos de responsabilidad penal corporativa refleja la necesidad de que el Derecho penal empresarial responda a realidades organizacionales complejas, donde el ilícito puede ser favorecido por defectos estructurales y por culturas internas tolerantes a la ilegalidad. En ese escenario, los modelos de organización y cumplimiento no operan como un mero requisito formal, sino como instrumentos de autorregulación cuyo diseño, implementación y mejora continua inciden en la prevención, detección y colaboración frente al delito, y pueden proyectarse jurídicamente en la atribución de responsabilidad y en la determinación de la sanción. Comprender esta lógica —sus fundamentos, tensiones y efectos— es hoy una competencia clave para el asesor jurídico de empresas, llamado a articular gobernanza, control y legalidad en un entorno regulatorio cada vez más exigente.

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Esta nota se elaboró en base al módulo “La Responsabilidad Civil y Penal de las Empresas”, dictado y elaborado por el docente Giorgio Dario Maria Cerina para el Máster de Formación Permanente en Asesor Jurídico de Empresas.