Litigios colectivos vinculados al medio ambiente: una tendencia creciente

Los litigios colectivos vinculados al medio ambiente han aumentado significativamente. Esto genera nuevos desafíos para el ámbito jurídico: los juristas deberán actualizarse y los países deberán tomar iniciativa legislativa al respecto.

Los litigios colectivos relacionados al medio ambiente han crecido más de un 120% respecto de los niveles del 2018, según el último informe publicado de la European Class Action Report. Este número indica que los casos han aumentado más del doble en apenas cuatro o cinco años, e incluso se espera que la cifra siga creciendo. Dado el contexto de crisis medioambiental, es esperable que las demandas colectivas por daños al ecosistema crezcan. Los asuntos centrales que necesitarán la atención del ámbito jurídico para responder a esta realidad son: por un lado, la actualización de los juristas en materia de protección ante actividades de carácter pluriofensivo y de medio ambiente; y por otro, la iniciativa legislativa por parte de los países para regular ante estas nuevas problemáticas.

Litigios colectivos vinculados al medio ambiente: ¿Qué instrumentos legales existen  en Latinoamérica?

Aunque los litigios colectivos vinculados al medio ambiente tienen un abordaje reciente, en Latinoamérica existen algunos instrumentos legales que pueden revisarse para un mejor tratamiento de estos casos. Uno de ellos es el Acuerdo de Escazú en América Latina, cuyo artículo 8 habla de otorgar una legitimación amplia en defensa del medio ambiente. Tiene, además, unos pilares similares a los del Convenio de Aarhus: precaución, prevención y responsabilidad, y parte de unos derechos de contenido ambiental semejantes también. Además contempla la importancia de atender a las necesidades de grupos en situación de vulnerabilidad y de tomar en cuenta la naturaleza colectiva de los pueblos indígenas en la permanente defensa del ambiente. 

Este acuerdo y todos los instrumentos legales vinculados a las demandas y procesos colectivos significan un avance y deben contribuir a la armonización de la protección colectiva del medio ambiente en Latinoamérica. Sobre esta idea profundizó Walter Reifarth Muñoz, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, doctor en Derecho (sobresaliente cum laude, mención internacional y premio extraordinario de doctorado) y profesor del Curso Superior en Derecho: Demandas y Procesos Colectivos en doinGlobal durante el evento Demandas y Procesos Colectivos. Claves de la transformación legal en Latinoamérica: 

“Latinoamérica está a la vanguardia en la construcción de nuevas realidades, que son casi ontológicas, al atribuir personalidad jurídica en torno a los bosques, a los ríos. Esto es precioso en la teoría, pero en la práctica implica que se deban activar los resortes procesales para dar cumplimiento a esas ideas”.

Resarcimiento: una problemática en los litigios colectivos vinculados al medio ambiente

La pretensión resarcitoria es una cuestión que requiere mucha atención en los litigios colectivos vinculados al medio ambiente por la dificultad de definir a quién debe otorgarse la legitimación. Al respecto, el Dr. Reifarth Muñoz explica: “No se puede dar legitimación a cualquier asociación o persona, se deben cumplir unos requisitos mínimos para entablar demandas con seriedad y con cierta independencia económica”. Sin embargo, en España y en Latinoamérica se atribuye la legitimación a cualquier persona sin necesidad de acreditar que tiene un interés legítimo en la causa. 

Otro aspecto a tener en cuenta en este punto es que el sistema de reparación no es nada claro. No obstante, en estos casos generalmente se habla de la restitución in integrum y deben evaluarse también los posibles perjuicios individuales que exigirán algún tipo de resarcimiento.

Está claro que la preocupación por el medio ambiente es central en la actualidad y la justicia tiene un gran papel en este escenario. Las demandas colectivas serán procesos claves en este sentido. El mercado legal debe estar preparado para llevarlas adelante con pericia y proteger los valores del ordenamiento jurídico.

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