Derecho agroalimentario: claves jurídicas para la competitividad actual

En un contexto marcado por la urgencia climática, la seguridad de la cadena de suministro y la transformación digital, el conocimiento profundo del Derecho Agroalimentario ya no es una opción futura, sino una necesidad inmediata. Los marcos legales, que abarcan desde el uso de pesticidas y fertilizantes hasta la gestión hídrica y la sanidad, son hoy los que definen la competitividad y la viabilidad de los proyectos, especialmente para las economías exportadoras de América Latina.

Las organizaciones que buscan mantenerse competitivas, innovar o exportar se enfrentan a desafíos regulatorios que, sin una visión estratégica, se traducen en barreras comerciales, litigios y pérdidas significativas de tiempo y recursos.

Asesorar legalmente de manera efectiva en este sector requiere una comprensión clara de las obligaciones internacionales y la capacidad de traducir ese conocimiento en acciones estratégicas y eficientes. La cuestión no es solo técnica: es legal, estratégica y también cultural.

América Latina ante las nuevas regulaciones del derecho agroalimentario

La agenda de sostenibilidad, impulsada por bloques económicos con alto poder de compra, como la Unión Europea (UE), ha reescrito las reglas del juego para el comercio internacional. Lo que antes era una recomendación ambiental, hoy se traduce en regulaciones vinculantes que funcionan como barreras comerciales directas para los productos agroalimentarios de América Latina.

Límites máximos de residuos de plaguicidas y riesgo de pérdida de mercados
La UE ha endurecido sus Límites Máximos de Residuos (LMR) de varios plaguicidas. Esta reducción afecta directamente a las exportaciones de frutas y vegetales de países clave de la región, como Ecuador, Costa Rica o República Dominicana. La OCDE ya advirtió que, si los productores latinoamericanos no logran ajustarse a estos nuevos estándares, el impacto en sus exportaciones será significativo, poniendo en riesgo la continuidad de los negocios en mercados premium.

Farm to Fork: nuevas exigencias para el exportador latinoamericano
La estrategia Farm to Fork del Green Deal europeo no solo aplica a actores europeos, sino que genera nuevas exigencias para los operadores internacionales que acceden a ese mercado. Sus metas ambiciosas para 2030 —como la reducción del 50 % en el uso y el riesgo de plaguicidas químicos— están en vías de traducirse en regulaciones vinculantes que implican cambios profundos en los sistemas de producción. En la práctica, esto obligará a los exportadores de América Latina a adaptar el uso de insumos y a fomentar la adopción de prácticas más sostenibles. En particular, el Reglamento (UE) 2023/1115 introduce nuevas obligaciones exigibles a lo largo de 2026 en cuanto  a la comercialización de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal.

En este escenario, el experto en Derecho Agroalimentario se convierte en el estratega clave que previene riesgos, asegura el cumplimiento normativo y permite la continuidad del negocio en mercados de alta exigencia, una capacidad esencial para cualquier consultor o asesor jurídico en Iberoamérica.

El derecho agroalimentario y el uso crítico de recursos: agua e insumos

La gestión de los recursos naturales en la agricultura es uno de los campos más detallados y desafiantes del Derecho Agroalimentario. La regulación impone obligaciones técnicas y legales que buscan la protección activa de los ecosistemas, lo cual condiciona directamente el uso de insumos agrario-ganaderos.

Regulación hídrica y el principio “quien contamina paga”

Regulaciones como la Directiva Marco sobre el Agua (DMA) ha introducido un mecanismo restrictivo de las captaciones (autorización previa y registro) y exigen aplicar políticas de precios que sirvan de incentivo y garanticen que todas las categorías de usuarios del agua contribuyan a la recuperación de costes, en aplicación del principio de que quien contamina paga.

Este marco legal se ha convertido en una referencia central para abordar litigios ambientales complejos, como los vinculados a humedales singulares, por ejemplo el caso de Doñana, donde el crecimiento de la agricultura intensiva choca directamente con la tutela ambiental.

Control de la contaminación difusa y nutrición sostenible de suelos

La legislación europea —como la Directiva de Nitratos— se enfoca en la contaminación difusa procedente de fertilizantes, imponiendo a las explotaciones situadas en zonas vulnerables la obligación de cumplir nuevos Requisitos Legales de Gestión (RLG) y Normas sobre Buenas Condiciones Agrarias y Ambientales (BCAM).

En el caso europeo, las BCAM sobre nutrición sostenible de suelos agrarios (BCAM 10) incluyen, entre otras medidas, restricciones precisas sobre cómo aplicar abonos orgánicos y otros productos fertilizantes: por ejemplo, la prohibición de utilizar determinados sistemas de aplicación de purines (como los sistemas de plato o abanico) y la exigencia de contar con un plan de abonado en determinadas explotaciones, ligado a la condicionalidad de las ayudas.

En este contexto, el conocimiento de estos marcos (RLG y BCAM) es indispensable, en particular en Europa, para asegurar la elegibilidad a ayudas, garantizar la legalidad de la explotación y contribuir a la mitigación de riesgos ambientales y jurídicos.

Máster de Formación Permanente en Derecho Agroalimentario: formación estratégica para liderar la transformación

Ante la complejidad regulatoria que impone la sostenibilidad, el cumplimiento normativo y la defensa de la competitividad latinoamericana en el comercio internacional, el sector demanda líderes con una formación jurídica sólida y especializada.

El Máster de Formación Permanente en Derecho Agroalimentario que ofrece la Universidad de Salamanca en alianza con doinGlobal brinda una especialización diseñada para dominar este nuevo escenario, ideal para profesionales que trabajan en el ámbito iberoamericano.

Este programa está dirigido a profesionales del derecho, la agroindustria y la gestión pública que buscan especializarse y asumir un rol protagónico, capacitándolos para liderar con solvencia los procesos jurídicos y regulatorios de la industria agroalimentaria.

¿Qué le otorgará esta formación al profesional?

• Nociones clave en Derecho Agroalimentario: sanidad alimentaria, sostenibilidad, litigios ambientales, comercio internacional, biotecnología y propiedad intelectual.
• Titulación de prestigio emitida por la Universidad de Salamanca, que además otorga (60 créditos ECTS), lo que refuerza la proyección y solidez profesional de los egresados. 
• Espacios de networking internacional a través de los cuales los participantes compartirán aula virtual con alumnos y docentes de distintas partes de Iberoamérica.
• Conocimientos y habilidades clave para asesorar empresas, gobiernos u ONG en marcos regulatorios agroambientales
• Nuevas competencias en litigios colectivos, comercio internacional y justicia ambiental, esenciales para la defensa de la producción regional.
  

La formación tiene una duración de 12 meses y se cursa bajo la modalidad 100% online, con clases en vivo. 

Descubre más sobre este máster de la mano su director, Daniel Terrón Santos, quien además es profesor doctor del área de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca:

Hoy, marcar la diferencia en el sector agroalimentario implica ir más allá del dominio técnico: se trata de liderar con conocimiento jurídico, visión estratégica y compromiso con la transformación del modelo productivo. En un escenario donde el Derecho Agroalimentario redefine la competitividad, contar con una formación sólida es clave para anticiparse, tomar decisiones informadas y generar valor real.