Derechos de niños, niñas y adolescentes: desafíos e ineficiencias en su protección

En lo que respecta a los derechos de niños, niñas y adolescentes, hay mucho por hacer. En el contexto actual, se presentan desafíos e ineficiencias en el sistema de justicia que obstaculizan el pleno goce de los derechos fundamentales pertenecientes a este grupo social vulnerable. Profundiza sobre ello en esta nota.

Desamparo, falta de cuidado y de asistencia, sustracción o retiro de las personas menores de edad de su núcleo familiar, privación de la patria potestad, acoso, abuso, abandono escolar, pobreza, migración no acompañada, violencia y explotación son solo algunas de las situaciones que vulneran la integridad de los niños, niñas y adolescentes en la actualidad. De hecho, se estima que, a nivel mundial, 1 de cada 2 niñas y niños de entre 2 y 17 años sufre algún tipo de violencia cada año. Según una revisión global, se calcula también que el 58 % de las niñas y los niños en América Latina y el 61 % en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año¹. Esto indica, principalmente, la importancia de reforzar el trabajo vinculado al derecho de niños, niñas y adolescentes para promover la protección jurídica de las personas menores de edad y favorecer así su pleno desarrollo. Esto, además, requiere la especialización de los operadores jurídicos para responder a esta necesidad de manera eficiente.

¿Cómo se afrontan las ineficiencias vinculadas a la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes?

La defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes exige medidas profundas e integrales como:

• garantizar adecuadamente su derecho a ser oídos y a participar en todo tipo de procedimientos en los que se vayan a decidir cuestiones fundamentales para su vida;
• establecer de forma clara y precisa el modo de realizar la intervención de los menores en el proceso;
• crear juzgados especializados;
• fijar protocolos de actuación para la toma de declaraciones;
• crear espacios seguros y adecuados para la prestación de sus testimonios;
• evitar la revictimización de los niños a través de la reiteración de testimonios;
• dotar de medios para la atención a los menores intervinientes en procedimientos judiciales;
• exigir a los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos una especial formación para tratar con los niños y para tomar decisiones que serán fundamentales en su vida.

En definitiva, fortalecer el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes es fundamental para prevenir situaciones de violencia, abuso o explotación.

¿Qué habilidades deben incorporar los operadores jurídicos para salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes?

Los operadores jurídicos que trabajan o buscan trabajar en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes deben conocer los derechos de la infancia y la adolescencia, velar por ellos y lograr que se respeten y protejan. También deben ser capaces de detectar las situaciones de desprotección y de vulnerabilidad, así como los posibles riesgos o amenazas. Otro conocimiento clave es saber manejar los recursos y herramientas necesarios para su adecuada protección jurídica. Por último, los profesionales deben tener capacidad para poder identificar los problemas y las carencias de la Justicia en relación con la infancia, y buscar una solución para garantizar adecuadamente su bienestar, la defensa de sus intereses y la tutela de sus derechos fundamentales. Esto exige un proceso de especialización riguroso con un enfoque de protección integral de las personas menores de edad. 

Las personas menores de edad siguen enfrentando situaciones de riesgo e indefensión que atentan contra sus derechos. Si bien estas se generan por una pluralidad de factores personales, económicos, sociales y familiares, la Justicia puede brindar respuestas eficientes si hay operadores jurídicos formados para llevar adelante estas iniciativas con eficacia.

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1. Organización Panamericana de la Salud (2020). Violencia contra las niñas y los niños.